- Detalles
-
Publicado o Xoves, 12 Xullo 2012 13:25
-
Visitas: 848
JOSÉ MANUEL SILVA, director general de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea
“Creo que seremos capaces de que la reforma de la PAC entre en vigor el 1 de enero de 2014”
El director general de Agricultura y Desarrollo Rural de la CE, José Manuel Silva, analiza el estado de las negociaciones de la reforma de la PAC, en esta entrevista concedida al semanario Agronegocios realizada durante el viaje que realizó recientemente a Madrid, con motivo de la presentación del libro "Hambre de tierras", del presidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Paolo de Castro.
La adopción de los informes preceptivos sobre los reglamentos de la reforma de la PAC 2014-2020 por el Parlamento Europeo no está prevista hasta bien entrado el otoño de 2013 ¿Va a quedar tiempo para que la reforma entre en vigor el 1 de enero de 2014?
José Manuel Silva.- El Parlamento Europeo está haciendo importantes esfuerzos para acelerar sus trabajos y este otoño votará los informes en la Comisión de Agricultura. Además, la Presidencia Danesa ha dado pasos importantes en las negociaciones con el Consejo para conseguir un acuerdo en los plazos establecidos. Desde la Comisión estamos convencidos que entre todos los actores institucionales seremos capaces de llegar a un acuerdo cuanto antes y que la reforma entrará en vigor el 1 de enero de 2014, como está previsto.
Todos los países, incluido España, quieren preservar los actuales fondos de la PAC. ¿Va a ser la PAC, entonces, un “coge el dinero (de los fondos comunitarios) y corre”? ¿Se podrá contentar a todos? ¿Van a tener que ceder unos países para que otros mejoren su posición? ¿No va a quedar más remedio que ir hacia una PAC “a la carta” en menoscabo de la política común?
J.M.S.-. La propuesta de la Comisión de reparto de los pagos directos entre los Estados es muy equilibrada, pragmática y políticamente viable. Permitirá incrementar los “sobres” nacionales de los Estados que están por debajo del 90% de la media comunitaria, limitando al mismo tiempo las pérdidas para los Estados que están por encima de la media. Es normal que los Estados intenten maximizar sus respectivos “sobres” nacionales, pero estamos convencidos de que serán capaces de encontrar el equilibrio adecuado entre los intereses individuales y el interés común.
El montante planteado por la Comisión Europea para financiar la PAC ¿es también el “mínimo irrenunciable” o podría haber recortes tras la negociación y posterior aprobación del nuevo escenario financiero de la UE 2014-2020, previsto para antes de marzo de 2013, según desea al parecer la canciller alemana, Ángela Merkel?
J.M.S.- Con esta propuesta de marco financiero plurianual, la Comisión ha demostrado que continúa apostando por una PAC fuerte. Ahora corresponde a los Estados Miembros la decisión final. Confiamos en que dotarán a la Unión Europea de un presupuesto adecuado, que nos permita hacer frente a los grandes retos que tenemos planteados.
¿Está claro que la nueva PAC no será una reforma que se vaya a aplicarse de golpe, sino de forma progresiva hasta culminar su aplicación en 2019-20?
J.M.S.-Efectivamente, las propuestas de la CE sobre los pagos directos prevén un período transitorio que debería permitir el establecimiento de un valor uniforme de derechos de pago a nivel nacional o regional para el 2019. De hecho, somos conscientes de la necesidad de evitar los efectos perturbadores que podrían afectar negativamente a la viabilidad de las explotaciones agrarias en la transición de un modelo histórico a un modelo regional.
La única condición al principio del período (2014) es que, al menos el 40% del “sobre” de los pagos de base, sea repartido de modo igualitario entre todos los derechos de pago existentes. El 60% restante puede ser repartido por cada Estado según sus niveles históricos de ayuda para facilitar la transición por etapas anuales preestablecidas, hacia la tasa uniforme (nacional o regional).
Las experiencias existentes de Estados que han puesto en práctica la regionalización, demuestra que se trata de un modelo realista y factible. No obstante, a raíz de las preocupaciones mostradas por los Estados y el Parlamento, la Comisión ya ha anunciado su disposición a considerar el periodo inicial y el final de esta transición.
¿Cree que la futura reforma de la PAC simplifica los procedimientos, reduce las cargas administrativas y los costes de gestión para las Administraciones y para los administrados, como al parecer critica en su dictamen el Tribunal de Cuentas de la UE?
J.M.S.-El Tribunal de Cuentas ha reconocido los esfuerzos importantes que ha hecho la Comisión para simplificar la PAC, pese a considerar que aún se podrían hacer más esfuerzos. La simplificación y las cargas y costes administrativos no son elementos aislados, sino que deben ser examinados a la luz de los objetivos de nuestra política: si queremos que los pagos directos estén mejor focalizados, o si queremos primar determinados "bienes públicos", hay que aceptar la existencia de determinados costes administrativos. Además, hay que tener en cuenta que las reducciones más significativas a nivel de carga administrativa se producen en la fase de la implementación por parte de las Administraciones nacionales.
El sector considera que las propuestas reglamentarias no concretan las medidas para mejorar la gestión de los mercados agrarios para evitar el exceso de volatilidad, el alza desmedida de los precios de las materias primas que, a su vez, provocan aumentos de precios de los “insumos”, rebaja de márgenes e ineficacias en la traslación de precios a lo largo de la cadena alimentaria?
J.M.S.-Hay que tener en cuenta que los mercados agrícolas están cada vez más influidos por elementos de naturaleza externa, ajenos a los propios mercados, lo que limita las posibilidades de las políticas agrícolas para afrontar nuevos retos, como la volatilidad de los precios.
Las soluciones propuestas en la nueva reforma de la PAC deben ser consideradas en su total integridad, incluidos los pagos directos (que garantizan un apoyo fijo a la renta de los agricultores), unos instrumentos de mercado mejorados (que permiten dar una respuesta más eficaz a las perturbaciones del comercio para un mayor abanico de productos), los nuevos instrumentos para facilitar la cooperación entre productores, así como las nuevas posibilidades en el ámbito de la gestión de riesgos y otras medidas en el ámbito del desarrollo rural.
Además, el Foro para la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria está actualmente buscando nuevos mecanismos para mejorar la transparencia en la fijación de precios y facilitar la transmisión de precios a lo largo de la cadena alimentaria.
El establecimiento de una red de almacenes con unos stocks estratégicos de seguridad o con reservas de emergencia, ¿no contribuiría a evitar o, al menos, paliar, la especulación sobre los precios agrarios en los mercados, determinando a la vez precios razonables para el consumidor y mínimamente rentables para el agricultor y el ganadero?
J.M.S.- La situación actual de los mercados es muy compleja. Las incertidumbres que existen en relación a la evolución de los mercados complican enormemente la cuantificación de los stocks de seguridad, los cuales también son costosos de mantener y administrar. Estamos convencidos de que, más allá de su coste, los stocks de seguridad no pueden actuar como cortafuegos contra los ataques especulativos.
Pero, en concreto, ¿qué mecanismos o instrumentos de mercado pueden establecerse en la nueva PAC para lograr que agricultores y ganaderos reciban una justa remuneración dentro de la cadena de valor y para que dispongan de una mínima previsibilidad para realizar sus inversiones?
J.M.S.- Las propuestas que hemos hecho para facilitar la cooperación entre los productores en todos los Estados Miembros y sectores serán un instrumento fundamental para mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor y mejorar su poder de negociación en la fijación de precios. Además, la continuidad de los pagos directos es un elemento clave en tanto que garantía de previsión de ingresos del agricultor.
El fondo para actuar en situaciones de crisis, ¿es cierto que no está incluido en el presupuesto comunitario, como dinero de la PAC, y que, llegado el caso, deberán ser los Estados miembros quienes tengan que financiarlo con sus presupuestos nacionales?
J.M.S.-El nuevo fondo de gestión de crisis está fuera del Marco Financiero Plurianual del período 2014-2020. En caso de que se necesite movilizar este fondo, la Comisión puede solicitar su activación a la autoridad presupuestaria (Consejo de Ministros y Parlamento Europeo). Una vez se tenga la luz verde, los fondos son transferidos a la línea presupuestaria que corresponda. Esta es la única vía para establecer un fondo de crisis que no tenga repercusiones presupuestarias negativas para el resto del presupuesto de la PAC.
El sector no se opone a la filosofía del greening o pago verde, pero considera excesivo el 30% de reserva de los pagos directos para esta medida y pide también más flexibilidad para su puesta en marcha y que se reconozcan los esfuerzos ya realizados por agricultores y ganaderos en este ámbito, en las medidas agroambientales de desarrollo rural o en su apuesta por la sostenibilidad eficiente de los cultivos. ¿Cuál es su opinión?
J.M.S.- El greening es uno de los principales elementos de nuestra propuesta de reforma de la PAC. La asignación del 30% de los pagos directos a estas nuevas medidas es un requisito necesario para garantizar que estos pagos contribuyen a construir un modelo agrícola más sostenible. Dicho esto, efectivamente, somos conscientes de que muchos agricultores están ya participando en medidas agroambientales en el ámbito del segundo pilar (desarrollo rural), pero no hay que olvidar que estas son siempre voluntarias para los agricultores y que su nivel de cobertura es inferior al de los pagos directos. En España, por ejemplo, el nivel de cobertura de las medidas agroambientales está actualmente alrededor del 15% de la Superficie Agraria Útil (SAU). En cambio, con el greening pretendemos que los pagos directos contribuyan a los objetivos ambientales de la nueva PAC. Es por eso que hemos diseñado unas medidas que son simples, de aplicación homogénea a todos los agricultores, a aplicar a todas las superficies elegibles de pagos directos. Pero, como ha afirmado el comisario Ciolos, estamos dispuestos a estudiar la posibilidad de aceptar que, bajo determinadas condiciones, los beneficiarios de medidas agroambientales o de determinados regímenes de certificación, puedan ser considerados automáticamente como cumplidores del greening. Sin embargo, deberán cubrir toda la explotación y tener un nivel de exigencia superior al de las medidas del greening.
La definición de agricultor activo o del límite de hectáreas elegibles son claves para ver cómo, a quién o dónde se distribuyen los fondos de la PAC. ¿Está la Comisión Europea dispuesta a flexibilizar estas figuras o, como plantea el Tribunal de Cuentas respecto al “agricultor activo”, es necesario ir aún más lejos? ¿Va a ser difícil llegar a consensuar una posición común para toda la UE, sin reconocer la diversidad agronómica europea?
J.M.S.-Desde la Comisión creemos que es necesario establecer un criterio de exclusión de cobro de las ayudas PAC a nivel europeo. En la reforma de 2009 (la llamada "Health Check", “Chequeo de Salud”) se permitió que los Estados fijaran criterios suplementarios para excluir a determinados beneficiaros, pero sólo un Estado lo ha llevado a cabo. Por este motivo, es necesario establecer exclusiones comunitarias. El informe del Tribunal de Cuentas, que critica la existencia de los "agricultores de sofá", confirma la necesidad de contemplar esta definición. Es realmente necesario hacer un esfuerzo en esta dirección, pues mantener el “status quo” perjudicaría la legitimación del conjunto de la PAC ante el conjunto de la sociedad.
¿Seguirá apostando la CE por que la reserva de ayudas adicionales a los jóvenes agricultores tenga carácter obligatorio en el primer pilar de la PAC, pese a que hay muchos Estados que demandan que este apoyo sea voluntario?
J.M.S.- Actualmente, solo el 14% de los agricultores de la UE tienen menos de 40 años y de ellos apenas un 6% tiene menos de 35 años. Es, pues, evidente que hay que hacer un gran esfuerzo para rejuvenecer nuestro sector y que hay que poner los jóvenes en el centro de nuestra política agrícola. Por este motivo, vemos necesario que la ayuda específica para los jóvenes en el primer pilar sea obligatoria para todos los Estados, mientras que las ayudas a la instalación del segundo pilar continúan siendo voluntarias, como hasta ahora.
¿Cuál es la postura de la Comisión respecto al mantenimiento de los pagos asociados o acoplados a la actividad (o a cierto tipo de actividad condicionada) en algunos sectores, tanto en términos presupuestarios, como en la posibilidad de ampliar dichos pagos a otros sectores donde no se aplican en la actualidad?
J.M.S.-Para casos concretos de sectores con dificultades específicas y con importancia económica, social o ambiental, los Estados pueden mantener los pagos acoplados (dentro de unos límites establecidos). En el caso de España, estos pagos podrán llegar al 10% de los pagos directos. Además, España también tendrá la posibilidad de ir más allá del 10%, previa aprobación por parte de la Comisión. En cuanto a incluir más sectores, pensamos que la lista propuesta es lo suficientemente amplia.
En los últimos veinte años, la CE justificó las reformas de la PAC en la necesidad de respetar las negociaciones y los acuerdos internacionales, pero el escenario ha cambiado radicalmente. Las negociaciones en la Organización Mundial de Comercio (OMC) están bloqueadas, con peticiones de los socios comerciales de la UE que demandan más apertura de mercado, mientras que mantienen políticas obstruccionistas al acceso al suyo y que, por supuesto, no reconocen para nada el esfuerzo realizado por la Unió. ¿No es hora de que la CE plantee un cambio de rumbo en la estrategia política comercial a seguir?
J.M.S.-Es cierto que el contexto global ha cambiado en los últimos años. Pero precisamente este nuevo contexto nos ofrece nuevas oportunidades que no podemos desaprovechar. Desde la Comisión, pensamos que hay que continuar insistiendo en la necesidad de un acuerdo en la OMC, al mismo tiempo que insistimos en el establecimiento de acuerdos bilaterales. La nueva PAC va en la dirección adecuada y nos pone en una buena situación para continuar las discusiones a nivel internacional. Además, no hay que olvidar que, por primera vez, la CE ha propuesto ampliar el Fondo Europeo de Globalización al sector agrícola para disponer de un instrumento financiero que nos permita ayudar a los sectores que se vean perjudicados por posibles acuerdos internacionales futuros.
Noticia recopilada de : http://www.foropac.es
